Maria Teresa Badui es profesora de la Universidad de Mendoza, y Coordinadora del Ministerio de Economía de ese Estado. Ha trabajado en temas de modernización administrativa y control de gestión, y es una persona llena de energía y compromiso por hacer una sociedad más justa y transparente.
Independientemente el lugar en el mundo en el que nos encontremos cada uno de nosotros leyendo este artículo, tenemos cuestiones en común, lo que no quiere decir que estemos al mismo nivel en esos aspectos.
Veamos por ejemplo los Objetivos del Milenio, que firmaron 189 países en los que se comprometían a erradicar la pobreza extrema en todas sus formas para 2015 o la promesa que hicieron hace dos años 193 países miembros de Naciones Unidas de cumplir para el año 2030 los Objetivos del Desarrollo Sostenible que tienen como prioridades reducir la pobreza a nivel global y mejorar la igualdad, entre otros tantos.
Si pensamos cómo cada país hará frente a semejante desafío, seguramente ahí comenzaremos a diferenciarnos ya sea por la realidad, la visión o las batallas que cada gobierno esté dispuesto a librar.
Si bien las formas pueden ser muchas, de cara al desarrollo y en el marco de la responsabilidad y potestades que tienen los Gobiernos, la gestión adecuada y transparente de la política fiscal en pos de lograr una verdadera redistribución del ingreso, debería ser sin duda uno de los principales temas de las agendas políticas públicas, si verdaderamente se quiere avanzar en la igualdad de condiciones.
Ya lo decía Alexis de Tocqueville
“…el desarrollo gradual de la igualdad de condiciones es, pues, un hecho providencial, tiene sus principales caracteres: es universal, duradero, escapa siempre al poder humano; todos los acontecimientos, igual que todos los hombres, sirven a su desarrollo”.
Es un error hablar de igualdad de oportunidades cuando los puntos de partida son diferentes, es por ello, que aquí cobra importancia la política fiscal como aquel instrumento con que cuentan los gobiernos para mejorar esa igualdad de condiciones mediante las decisiones de a quiénes y qué grabar, qué bienes y servicios proveer y para quienes, en un marco de transparencia que permita a cada uno nosotros monitorear el destino final de nuestro sacrificio ciudadano.
Ha -Joon Chang- considerado una de las personas más influyentes en 2014 por la revista Time- indica que la desigualdad es la diferencia de productividades entre las personas, nuevamente, es allí donde los gobiernos, pero también el sector privado, deben poner la mirada y por qué no también nosotros como ciudadanos.
y…, ¿nuestros derechos?
La igualdad de condiciones sujeta a la gestión transparente y equitativa de los recursos y gastos públicos implica ni más ni menos la plena garantía-o no- de nuestros derechos, o ¿cabe alguna duda que dependen de una estructura estatal que permita hacerlos efectivos?
Insisto, no podemos dejar de ver esto como algo ajeno a nuestro rol como ciudadanos.
¿Qué rol nos cabe como ciudadanos?
Comprometernos, ejercer una transparencia activa en cada uno de los niveles de gobierno, pero también siendo honestos en nuestro deber de ciudadanos.
En Argentina, la evasión fiscal es tan alta que de mejorar ese hecho, en algunos impuestos muy distorsivos como son aquellos que graban el consumo, perjudicial para los ciudadanos de menores recursos, se podría reducir la alícuota entre 6 a 8 puntos. Es decir, ¿cuántos derechos se podrían garantizar o ampliar vía carreteras, hospitales, escuelas, conectividad, medio ambiente, servicios básicos que mejoren los puntos de partida?
La mejora en los puntos de partida es lo que permitirá el pleno goce de la igualdad de oportunidades, y ese esquema requiere de consensos y compromisos responsables asumidos desde las diferentes partes: Estado; ciudadanos; organizaciones intermedias y la cooperación entre países.
¿Y por qué la Cooperación internacional?
Ya no somos países aislados, la famosa aldea global implica mirar en múltiples direcciones, duele el subdesarrollo al interior de cada país y duele mirar el mundo.
Solo a modo de ejemplo y para ello tomo un artículo del diario El Mundo donde indicaba que en Sierra Leona, pasan sin dejar huella, pero en el sentido literal del término cada año 5,5 millones de bebés. Es decir, nacen y mueren sin llegar a ser registrados.
700 millones de personas aproximadamente aún viven debajo de la línea de la pobreza extrema.
Cifras, es verdad, pero que deben llevarnos a exigir derechos y asumir obligaciones.
