Entre abril y mayo nos hemos encontrado no pocos fenómenos que replantean la relación entre tecnología, gobierno y política. Por un lado, los papeles de Panamá ha generado cuestiones relativas a la ética pública en sí misma, a la capacidad de acción de los poderes públicos y la responsabilidad pública de control con sus proveedores, como ocurre en el caso Cuentame. Por otro lado, nos hemos visto de nuevo metidos de pleno en un proceso electroral (no sé ya cuantos llevamos en 2 años), lo que vuelve a poner en marcha la maquinaria digital que cada vez tiene más visibilidad. Tecnología, responsabilidad, transparencia, control, elementos todos relacionados con el cambio que supone la tecnología en la vida pública.
La neutralidad tecnológica y la responsabilidad.
Este mes hemos asistido (aunque no con mucha fuerza en España) a la polémica de que Facebook haya modificado manualmente sus criterios de selección para priorizar contenidos progresistas frente a otros más conservadores. La noticia, surgida a raíz de las declaraciones de antiguos empleados de la compañía, plantea un debate interesante. Existe una cuestión de «honestidad» dado que el proceso manual quiebra las reglas tecnológicas del juego que deberían ser neutrales para todo contenido. En principio, si tu contenido entra en los parámetros que Facebook (o Google, o en un futuro Twitter), considere interesantes, la orientación ideológica no debe influir. Esto supone una vulneración de los principios tácitos de Internet: la neutralidad tecnológica. Sin embargo, esta neutralidad es siempre algo complicado de conocer, porque, por razones de secreto empresarial, poco sabemos de las reglas que encierran los algoritmos de Google o Facebook para posicionar realmente contenidos. Es decir, podemos saber qué hacer para facilitar a esa tecnología que encuentre clasifique el contenido, pero, en realidad, solo podemos fiarnos de que, en realidad, esa clasificación se hace de manera neutral,sólo podemos ver si sus resultados parecen efectuados, en realidad, de manera neutral. Otra cosa, es los límites de esa neutralidad y la incidencia en una libertad de expresión que estamos tratando de redefinir (por ejemplo, cuando solicitamos a google que desindexe las páginas que promueven la anorexia, o los anti-vacunas).
Neutralidad de la comunicación de la Administración Pública.
Y es que esa neutralidad afecta a la validez de Internet como medio. Por ejemplo, si intuimos que Google o Facebook tienen un criterio «editorial» para elegir los contenidos que nos muestran, posiblemente busquemos otros servicios que no tengan ese criterio. En el caso de la Administración este debate no es muy distinto. ¿Cuándo la información que nos dan los poderes públicos es neutral y creible, y «cuándo es la voz de su amo político»? Y lo que es más ¿Cómo podemos hacer para que, en realidad, parezca que ese contenido sea neutral? A parte de haciéndolo neutral, dandole un diseño que se despegue de la apariencia política que mucho de ellos tienen todavía. Aquí tenéis (en inglés) algunos elementos de diseño a tener en cuenta.
Medición digital, relevancia y comprensión de la realidad.
Alejandro Barros hace en su blog un análisis al informe del Índice Digital de Chile. En resumidas cuentas, la reflexión se centra en un modelo que no sólo no es neutral, sino que en su propia elaboración no es fiable. Esto genera dos tipo de problemas: por un lado, el informe no es creíble y, por lo tanto, impide que la sociedad conozca el grado de evolución en dicha materia. Por otro lado, y para mi, igual o más grave, es que, si de verdad se utiliza ese informe con esos defectos para fijar políticas públicas muy dificilmente las políticas sean las correctas. Partir de una medición falsa y parcial para tomar decisiones es vivir en la mentira.
La cuestión es que una vez que tenemos ese informe (u otros), ¿actúan los poderes públicos en consecuencia? Mi impresión es que, lamentablemente no. Como muestra un ejemplo: a lo largo de los últimos meses he interactuado con varios portales públicos españoles teniendo no pocos (de hecho, se trata de muchísimos) problemas técnicos en los que, directamente, se me indicaba que lo mejor era usar Explorer. Esta semana hemos podido saber que a nivle mundial, tanto Firefox como Chrome han adelantado en cifra de uso a Explorer, algo que en España pasó hace tiempo y que todo el mundo podía suponer que pasaría con toda posibilidad dado las prestaciones de los distintos navegadores. ¿Qué han hecho los poderes públicos al respecto? Lamentablemente nada, así que, retomando el problema de los informes erróneos, podemos estar contentos, porque finalmente solo nos afecta el problema de no conocer la realidad, no de que el gobierno actúe segun datos equivocados. Simplemente, no actúa según los datos.
