Esta semana el post invitado lo hace Luis Miguel Díaz-Meco, experto en comunicación que conocí en Calviá y cuya claridad de ideas y experiencia me cautivó. Es responsable de Comunicación en una administración pública. Ayuda, además, a empresas e instituciones a diseñar y desarrollar sus planes de comunicación, especialmente en el entorno digital, como consultor y docente. Tiene su propio blog en lmdiaz.com donde puedes encontrar más información sobre él, además de en LinkedIn.
A la transparencia le ocurre como a la religión, que tiene muchos creyentes pero pocos practicantes (1).
Juego de palabras con la cita original de Ricardo Pereda: “La comunicación es como la religión: hay muchos creyentes y pocos practicantes «
En las administraciones públicas, sin embargo, la transparencia no debería ser una opción. Debería ser catalogada como un derecho ciudadano y ser exigible por ley.
En España tenemos una ley de transparencia que, a pesar de su tardía aprobación en 2013, se queda en poco más que en una declaración de principios. Es tibia, poco ambiciosa, no facilita en absoluto la labor del ciudadano y, para colmo, no se cumple.
La transparencia desinfecta
El perfil profundamente conservador de las estructuras públicas y de los políticos que las gestionan temporalmente hace poco realista plantearse objetivos muy ambiciosos a corto plazo. Pero la transparencia, por su carácter transversal y facilitador de otras muchas aperturas y cambios, bien merecería una oportunidad.
Ya que como afirmó Louis Brandeis, exjuez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, “La luz solar es el mejor de los desinfectantes”.
Se trata, pues, de un asunto de tal relevancia que no puede dejarse en manos de meros políticos, requiere de líderes que comprendan el fenómeno en toda su extensión y cuya definición y aplicación no estén expuestas al calendario electoral ni a intereses políticos particulares.
El ciudadano como protagonista
El ciudadano, al igual que en el resto de procesos públicos, debería convertirse en el auténtico protagonista y no en un mero destinatario de iniciativas.
La publicación de datos sobre sueldos, gastos, inversiones, contratos… debería realizarse con absoluta naturalidad y no quedar supeditada a la buena voluntad de los políticos de turno.
Para ello es preciso ir imponiendo obligaciones para forzar el cambio en aquellas estructuras que no deseen dar el paso. Y como ocurrió en España con el exceso de velocidad en las carreteras o la conducción bajo los efectos de drogas o alcohol, las sanciones son un lenguaje universal que todos entendemos.
Se trata, por supuesto, de una cuestión de educación y madurez democráticas pero, mientras invertimos en ellas, no estaría de más agilizar en lo posible la puesta en marcha de iniciativas tan necesarias como urgentes en la administración pública.
La transparencia es una obligació
De este modo, por ejemplo, evitaríamos seguir amparándonos en el silencio administrativo no ya para no publicar determinados documentos que son de todos, no lo olvidemos, sino directamente para desoír las peticiones de los ciudadanos cuando los solicitan.
Porque conviene recordar que, como afirma Jeff Jarvis: “Ser transparente es también una ética”.
En el entorno público debería ser una obligación. De este modo se proporcionaría una solución a la ironía de que todos nos proclamemos muy partidarios de la transparencia, pero solo de la ajena.
