Reyes Montiel esuna persona dedicada a hacer aquello en lo que cree con todas sus fuerzas. Ha tenido una intensa actividad política, es experta en el uso de la tecnología para crear valor público y, actualmente, dirige el gabinete del área de  Medio Ambiente y Movilidad  del Ayuntamiento de Madrid. Todo un honor que venga a visitarnos para hablar de innovación pública y políticas colaborativas

Desde que Henry Chesbourg en 2003 definió la innovación abierta como la estrategia bajo la cual, las empresas van más allá de sus límites y coopera con agentes externos para diseñar nuevos servicios y productos, hemos asistido a varias definiciones del concepto según quien o dónde se aplica. Murray, Caulier-Gice y Mulgan en 2010 definieron la innovación social como el proceso por el que se crean nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que satisfacen necesidades sociales y crean nuevas relaciones de colaboración. Más cercano a esta definición está la innovación cívica que, como señala Domenico di Siena en La Ciudad Viva, se centra en proyectos cívicos es decir proyectos relacionados con la ciudadanía entendida como colectividad política.

La esencia de la innovación pública

En realidad, más que categorizar la innovación, deberíamos entender que sólo hay un proceso con multiplicidad de enfoques, en función de quién y dónde se aplica. Si ya sólo los procesos estrictamente científicos son posibles en un laboratorio, podemos identificar un marco clave: la liquidez, el espacio en el que interactúan los distintos agentes que participan, ciudadanos, empresas, administraciones, organizaciones sociales, etc.

Entonces, ¿hay marco para unas políticas públicas colaborativas? ¿Existe una visión ciudadana, similar a la experiencia de usuario en el sector privado, que se pueda incorporar a su marco de formulación?

Uno de los mayores problemas para desarrollar políticas de innovación en las administraciones públicas es que se desarrollan tal y como señala Anna Holm Volsen, de Mindlab, como “puntos cero”, es decir, políticas que se construyen desde cero, desde el vacío administrativo. No tener en cuenta la cultura, los procedimientos, los medios y los recursos hacen que muchos planes de innovación se queden en grandes documentos de estrategia sin implantación real.

El espacio de las políticas colaborativas

Buscar un espacio “aislado” que permitan encontrar ámbitos de “maduración” en consonancia con el “momentum” de cada administración y a la vez permiten procesos de experimentación y, por lo tanto, cierta “tolerancia al error” que es absolutamente necesario. Y ahí, en ese espacio neutral, se nos ofrecen varias oportunidades de:

• Reformular los problemas en forma de retos y, por lo tanto, dejar de buscar respuestas y buscar soluciones. Una buena definición de lo que queremos afrontar tiene que suponer una llamada a la acción clara, relevante para aquellos que participan, con una finalidad social o cívica concreta (no es un licitación) y sobre todo consensuada.
• Revisar y recopilar toda la información: Hay que dar contexto y promover el diálogo: desarrolladores, organizaciones, expertos, ciudadanos tienen que manejar el marco y deben sentir que tienen que aportar
• Reconectar con aquellos todos los agentes que intervienen, con una comunicación clara sobre el tema pero también sobre el proceso. El desarrollo del proceso de innovación social debe ser claro en el procedimiento y los participantes tienen que tener claro cuánto van a influir en el proceso y cómo. Para ello, la implicación del equipo técnico es fundamental.

Los desafíos para una administración innovadora

Dos retos se plantean así para la administración pública: el primero adaptar un procedimiento administrativo que se adapte a la apertura. Son muchos los laboratorios o proyectos que están incorporando esta visión a proyectos públicos. Pero, ¿cuántos se incorporan a la estructura? ¿es posible llevar a cabo procesos de innovación ciudadano sin “tocar” el funcionamiento de la administración tal y como la conocemos?

El segundo reto es cómo apoyar esas soluciones e, incluso, cómo generar un sector social productivo (sin ánimo de lucro pero con recursos) que permita contar con otra clase de participación que aún está por definir: la que pasa de la valoración o la respuesta al desarrollo de la propuesta.

Asumir la innovación por parte del sector público debe significar que asumimos el reto de garantizar la equidad creando valor colectivo. Es lo que debería ser la innovación abierta en el sector público que combina en espacios híbridos de cocreación la propuesta política, el procedimiento administrativo y el valor colectivo. Desde la ciudadanía y desde otra relación entre lo público y lo privado. De la capacidad de generar otras respuestas colectivas para resolver problemas y necesidades va a depender la sostenibilidad de la prestación de servicios públicos y, por lo tanto, la equidad y la igualdad de oportunidades.