El post de hoy nos lo trae José María Gregorio Molina, que es consultor experto en Licitaciones Públicas. Coordinador del grupo de Linkedin #profesionalescontratacionpublica. Doctorando en Sociedad, desarrollo y relaciones laborales de la Universidad de Murcia. Yo le conozco de las Redes Sociales, pero cuando me propuso colaborar, sabiendo de sus aportaciones no pude hacer más que aprovechar la oportunidad.
Mucho tiempo ha pasado, sobre todo si lo medimos por la cantidad de acontecimientos ocurridos en este período, desde que a finales del mes de febrero del año en curso adquirí el compromiso con Sergio de participar en su blog Analítica Pública con una entrada sobre contratación pública.
Pero como decía han pasado tantos acontecimientos, desde que el pasado 14 de marzo de 2020 el gobierno español declaró, a través del Real Decreto 463/2020, el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19., hasta la sexta y última prórroga que se recoge en el Real Decreto 555/2020, publicada en el BOE de 5 de junio de 2020, en los que el gobierno ha legislado sobre todos los ámbitos de la vida que afectan a los ciudadanos y muy especialmente de las Administraciones Públicas (AA.PP.), por poner sólo un ejemplo, que es difícil, por no decir imposible, substraerse a ellos.
I.- INTRODUCCION. EVIDENCIAS Y DESPROPOSITOS EN EL TIEMPO DEL COVID-19.
Por lo que en todo este tiempo nuestras vidas se han visto sobresaltas, nuestros sistemas sanitarios reventados y nuestro sector público puesto en evidencia. En definitiva nuestros sistemas políticos han sido llevados al borde del precipicio por unos políticos cortoplacistas y unos ciudadanos incapaces de articular palabra instalados en el pan y circo de la Roma clásica.
Lo que si podemos decir es que la pandemia del COVID-19 nos va a dejar algunas evidencias, que no por serlo son menos dolorosas, y otros muchos despropósitos, que por mucho que nos empeñemos, nos deberían sonrojar individual y colectivamente, ya que las cifras han sido tozudas con todos nosotros. Durante años nos vienen diciendo que España no es un país de vanguardia en el desarrollo de la sociedad digital ni en el de una Administración electrónica. Que nuestro sistema de prestaciones de servicios sanitarios y sociales une a su tradicional bisoñez, fruto del retraso de la puesta en marcha de nuestro Estado de bienestar, el desmantelamiento neoliberal aprovechando la última crisis económica. Que nuestros sistemas de gestión y control de todo lo público se encuentran a años luz de un país como el nuestro con un peso económico, social y cultural con el que no se corresponde.
II.- LA ADMINISTRACION ELECTRONICA EN ESPAÑA. SU CUESTIONABLE DESARROLLO.
Con prácticamente toda la sociedad confinada y la mayor parte de los procedimientos administrativos suspendidos, el peso de una parte importante del trabajo de los empleados públicos ha recaído en improvisadas actuaciones relacionadas con la digitalización tanto de nuestras Administraciones como de la sociedad en general. Así se han empezado a ver las primeras actuaciones destinadas a la implantación del teletrabajo en las AA.PP. con más voluntarismo por parte de los empleados públicos que criterio por sus responsables, y esto es solo uno de los muchos efectos que esta vergonzante improvisación que arrastramos como estigma, aunque hay quien todavía la pondera como bandera.
Pero a estas alturas ya no se trata de Administración electrónica sí o no, ni de teletrabajo sí o no, ya que esos debates ya fueron abiertos y se hicieron los correspondientes libros verdes y blancos. Ahora es el momento de adquirir compromisos y poner fecha, lugar y medios para empezar a desarrollar un plan conjunto de todo el sector público que lidere de una vez por todas no ya a este sino también a toda la sociedad en general.
III.- Y DE LA CONTRATACION ELECTRONICA ¿QUE?
Pues más de lo mismo, más voluntarismo y declaraciones de buenas intenciones que cumplimiento de compromisos, en buena parte de los nuevos aspectos críticos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y especialmente en el cumplimiento de la obligatoriedad, desde su entrada en vigor, de que la contratación pública tiene que ser electrónica si o si. Conceptos que ya tendrían que estar superados, algunos tan elementales como el internet de las cosas que facilita el acceso fácil, rápido y asequible al usuario final u otros que vienen a mejorar aspectos parciales como el Blockchain, los sistemas de Big Data o la Inteligencia Artificial (IA) entre muchos otros.
Pero no se trata de ir incorporando los últimos y más novedosos conceptos o herramientas de gestión electrónica. Se trata más bien del diseño de una estrategia contratación pública responsable, innovadora y sostenible que nos permita cumplir, en primer lugar con los objetivos de la Ley y en segundo con las necesidades reales de una sociedad que le da sentido y valor a la compra pública.
Por último se nos antoja imprescindible para poder llevar a cabo este ingente trabajo para la implantación de un verdadero nuevo sistema de compra pública la implantación de un Programa de desarrollo de Carrera Profesional apoyado en un sistema de formación flexible, escalable, homologable y adaptable en el que quepan todos los actores, tanto públicos como privados.
IV CONCLUSIONES.
Dentro del marco general de la necesaria y urgente transformación del sector público en España, se hace como poco tan necesaria la conversión de la compra pública de electrónica en inteligente, a través del desarrollo de la innovación como elemento fundamental de la compra pública estratégica.
Santa Ana del Monte. Jumilla, 9 de junio de 2020.
José Mª. Gregorio Molina. 74.329.512-K
